NEUTRAL IN MOTION. MAYORES OBJETIVOS EN LA DESCARBONIZACIÓN DEL TRANSPORTE REQUIEREN MÁS RECURSOS E INSTRUMENTOS
El Círculo de la Automoción llama a la reflexión del Gobierno ante el posicionamiento de algunos grupos de presión, que defienden acelerar la ambición en la reducción de emisiones de CO2 que ya se ha marcado a nivel europeo para la industria del automóvil y que, pese a sus esfuerzos tangibles en este objetivo, se le trate de aplicar un tratamiento especial en base a prohibiciones, frente al resto de sectores que generan más de dos tercios de las emisiones de gases de efecto invernadero.
El sector español de la automoción está totalmente comprometido con el ambicioso Pacto Verde de la Unión Europea y con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética aprobada el pasado 13 de mayo en el Congreso de los Diputados, que fija para 2050 la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero, siempre que este proceso se produzca dentro de un marco adecuado que ofrezca las herramientas necesarias para poder llevar a cabo esta profunda transformación.
En relación con la revisión de la estrategia europea de descarbonización a través del “Plan Objetivo Climático para 2030, Fit for 55”, que nace destinado a alcanzar el compromiso de reducir las emisiones en al menos un 55% para 2030, desde Neutral in Motion (NIM) queremos remarcar el enorme esfuerzo que el sector de la movilidad y la industria de la Automoción están realizando desde hace años en este sentido y asumimos plenamente nuestra responsabilidad para dar cumplimiento a estos objetivos medioambientales. Por eso, apelamos a que el Gobierno de España tenga en consideración estos esfuerzos y mantenga la línea marcada por la Ley de Cambio Climático, recientemente aprobada, así como avanzar en medidas igualmente contundentes para avanzar más rápido en estos objetivos.
Consideramos que los objetivos fijados para España, que pretende reducir un 23% las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990 en 2030, ya son muy desafiantes, pues el proceso de descarbonización del transporte por carretera implica dejar de utilizar combustibles fósiles y otros combustibles alternativos y sustituirlos por vehículos electrificados, alimentados además por electricidad generada al 100% con recursos renovables, lo que supone una radical y profunda transformación del modelo energético español a una velocidad sin precedentes.
Además, para avanzar en este cambio de paradigma es imprescindible involucrar mediante incentivos, y no prohibiciones, a la ciudadanía, a las empresas y a las administraciones públicas en la transición hacia sociedades más modernas y ciudades limpias con multitud de opciones de desplazamiento más seguras, inclusivas, asequibles y sostenibles, considerando la movilidad como derecho y elemento de cohesión social que garantice la equidad en el conjunto del territorio nacional, tanto en el ámbito urbano como rural.
Así, la transición hacia un modelo descarbonizado de la automoción ha de ser progresiva, buscando la eficiencia regulatoria, no basándonos en prohibiciones, sino en la definición de estrategias que incentiven alcanzar los objetivos de la forma más eficiente y satisfaciendo al mismo tiempo las necesidades más básicas de desplazamientos frecuentes de los ciudadanos bajo el principio ineludible de “accesibilidad universal”.
Es indispensable impulsar políticas activas e incentivos para ayudar al ciudadano a retirar de circulación los vehículos más antiguos y contaminantes y que la movilidad eléctrica sea accesible para ellos no solo mediante el impulso de una reforma fiscal que dé señales de precio claras en cuanto a la reducción del IVA, sino también en cuanto al impulso de la instalación de una red de recarga eléctrica en el entorno municipal y en las redes de largo recorrido.
Por todo ello, desde NIM apelamos, una vez más, al Gobierno de España para que tome en cuenta estas consideraciones al definir su propia posición respecto a las propuestas de la Comisión en su iniciativa Fit for 55 y, especialmente, la defina en consenso con el sector, que representa el 11% del PIB y emplea al 9% de la población activa, de modo que la transición se realice de modo progresiva y sin poner en riesgo la riqueza y empleo que este sector aporta a España.
